Cobrar una deuda es un derecho. Ninguna persona o empresa está obligada a resignar el dinero que le adeudan. Sin embargo, existe un límite muy claro que muchas veces se desconoce: el reclamo no puede convertirse en una forma de persecución, intimidación o humillación.
En Argentina, la legislación protege a los consumidores frente a prácticas abusivas de cobranza y establece que el derecho del acreedor termina donde comienza la dignidad de la persona.
En los últimos años crecieron las denuncias contra estudios jurídicos, empresas de cobranzas, entidades financieras y prestamistas que utilizan métodos agresivos para reclamar deudas.
Llamadas constantes, mensajes por WhatsApp a cualquier hora, correos electrónicos intimidatorios e incluso contactos con familiares o empleadores son algunas de las prácticas más frecuentes.
Aunque muchas personas creen que forman parte del proceso normal de cobranza, la realidad es que, en determinadas circunstancias, pueden constituir un comportamiento ilegal.
El artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor establece que los consumidores tienen derecho a recibir un trato digno, equitativo y respetuoso.
Esto significa que quien reclama una deuda puede exigir su pago, pero no puede utilizar mecanismos que afecten la tranquilidad, la intimidad o la integridad psicológica del deudor.
La finalidad de la norma es evitar que el reclamo económico se transforme en una situación de hostigamiento permanente.
No existe una única conducta que determine automáticamente la ilegalidad. En general, los jueces analizan la reiteración, el contexto y la forma en que se realiza la cobranza.
Algunas de las prácticas que suelen ser cuestionadas judicialmente son:
Cuando estas conductas afectan la tranquilidad o generan angustia, pueden considerarse abusivas.
La jurisprudencia argentina ha ido consolidando un criterio cada vez más protector del consumidor.
Diversos fallos sostienen que las prácticas de cobranza agresivas lesionan derechos personalísimos y pueden provocar un daño moral indemnizable, incluso cuando no exista un perjuicio económico directo.
En muchos casos, los tribunales han entendido que el hostigamiento reiterado genera por sí mismo una afectación a la paz, la intimidad y la salud emocional de la persona.
Si una persona considera que fue víctima de hostigamiento durante un proceso de cobranza, puede solicitar distintas reparaciones, según las circunstancias del caso.
Entre ellas pueden encontrarse:
Cada situación será evaluada individualmente por las autoridades administrativas o judiciales.
Ante un reclamo abusivo, resulta fundamental reunir toda la documentación posible.
Las pruebas más habituales incluyen:
Cuanta mayor evidencia exista, más sencillo será acreditar el comportamiento denunciado.
Quienes atraviesan este tipo de situaciones suelen contar con distintas herramientas legales.
En términos generales, el procedimiento puede incluir:
El sistema jurídico argentino reconoce el derecho de los acreedores a reclamar el cumplimiento de las obligaciones pendientes.
Sin embargo, también establece que ese derecho debe ejercerse respetando la dignidad, la privacidad y la integridad de las personas.
En otras palabras, reclamar una deuda es completamente legítimo. Lo que la ley no admite es que ese reclamo se transforme en un mecanismo de intimidación o persecución.
Cuando la cobranza deja de ser un simple reclamo y pasa a afectar la tranquilidad de quien la recibe, puede generar responsabilidades legales para quien la lleva adelante.
