Redacción
De acuerdo con la información oficial citada en la publicación, el INDEC reportó que al tercer trimestre de 2025 había 22.668.000 trabajadores en el país. Dentro de ese total, 11.063.000 eran asalariados registrados, mientras que 5.669.000 estaban no registrados y 5.936.000 correspondían a trabajadores no asalariados. Sumados estos últimos dos grupos, el universo no formal alcanza 11.605.000 personas, es decir, 542.000 más que quienes tienen empleo registrado.
En esa línea, el reel difundido por El Siete sostuvo que la baja de algunos indicadores no necesariamente se traduce en mejores condiciones laborales. “Más trabajo, menos derechos”, sintetizó el mensaje, al advertir sobre el crecimiento de “las changas” y los empleos sin aportes como alternativa para sostener ingresos.
El informe oficial también describe que la tendencia se profundizó en los últimos trimestres. Según la misma fuente, en el segundo trimestre de 2024 los asalariados informales y cuentapropistas superaban a los registrados por 178.000 personas, el pico llegó a 976.000 en el cuarto trimestre de 2024 y luego la brecha se redujo para volver a ampliarse en 2025.
Aunque la publicación pone el foco en el panorama nacional, la informalidad laboral también es un fenómeno relevante a nivel provincial. En Mendoza, por ejemplo, un informe anual de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) mostró que en zonas urbanas el empleo informal pasó de 47,9% en 2023 a 48,6% en 2024, mientras que en áreas rurales el indicador subió de 64,8% a 66,3%.
En el mismo relevamiento citado, otro dato subraya el impacto sobre los jóvenes. Un reporte del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA) indicó que “casi 7 de cada 10 trabajadores con edades entre los 16 y los 24 años son informales”, lo que refuerza la lectura sobre la fragilidad de la inserción laboral en los primeros años de empleo.
En el contenido difundido por El Siete se expone el diagnóstico y el contraste de cifras, pero no se informó qué medidas concretas podrían implementarse para revertir la tendencia ni en qué plazos. Tampoco se detallaron políticas específicas asociadas a la formalización del empleo o la fiscalización laboral en el corto plazo.
Con números oficiales que confirman que el bloque no formal ya supera al empleo registrado, el debate sobre la calidad del trabajo vuelve al centro de la agenda: el desafío ya no es solo crear puestos, sino asegurar que sean estables y con derechos.
