Piedemonte: multas de $5 a $100 millones y posible demolición de obras

Según informó MDZ, el decreto reglamentario establece que las infracciones serán clasificadas como leves, graves o muy graves, y que las sanciones se graduarán en función de esa escala. Además de las multas, el esquema contempla suspensión de autorizaciones, clausura temporal o definitiva de obras y la obligación de recomposición ambiental cuando corresponda.

El objetivo oficial, según se explicó desde el Ejecutivo provincial, es hacer cumplir la normativa que fija pautas de urbanización y determina en qué sectores se puede construir y en cuáles está prohibido. Entre los puntos mencionados por las autoridades aparece la intención de evitar que emprendimientos irregulares afecten cauces secos u obras hidráulicas y de controlar la densidad de los desarrollos en esa franja del oeste del Gran Mendoza.

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí, explicó que la Ley del Piedemonte zonifica el área y definió el sentido del nuevo régimen sancionatorio. “Dónde se puede construir lo que establece es pautas mínimas de urbanizaciones, porque tiene una característica específica, aluvional, pendiente y los suelos se han ido impermeabilizando cada vez más”, sostuvo, al referirse a los riesgos propios del territorio.

Contexto: La reglamentación se enmarca en el crecimiento urbano sostenido que se registró en los últimos años en departamentos como Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Luján de Cuyo, donde se detectaron construcciones irregulares y desarrollos sin autorización, incluso en áreas restringidas. Según Los Andes, el régimen fue formalizado mediante el Decreto 2792, publicado en el Boletín Oficial, como reglamentación del capítulo de infracciones de la Ley 9414.

Entre las herramientas nuevas, El Sol destacó la creación de un Registro Público de Infractores, administrado por la provincia, para que cualquier ciudadano pueda consultar quiénes recibieron sanciones firmes y sumar transparencia al mercado inmobiliario.

Baduí remarcó que el foco no es recaudatorio, sino de ordenamiento territorial: “El reciente decreto reglamenta este capítulo para que se cumpla con la Ley. Nosotros no buscamos recaudar ni buscamos obstruir, buscamos que el desarrollo sea equilibrado”.

Además, señaló que habrá controles e instancias de denuncia: “se realizarán inspecciones ‘in situ’ y también se tomarán denuncias que puede realizar la ciudadanía”, en coordinación con otras áreas del Gobierno.

Con el régimen ya reglamentado, la aplicación quedará atada a inspecciones y actuaciones administrativas en el territorio. Según Sitio Andino, el esquema prevé medidas precautorias como la paralización de actividades dentro de las 24 horas de constatada la infracción, además de responsabilidades que pueden alcanzar a propietarios y profesionales intervinientes.

Con multas millonarias, registro público y la posibilidad de demoliciones, Mendoza endureció el control sobre el crecimiento hacia el oeste para intentar frenar construcciones fuera de regla y ordenar el desarrollo en una zona ambientalmente frágil.