Redacción
El Concejo Deliberante de Luján de Cuyo aprobó la creación de «Luján Invierte», un régimen municipal impulsado por el concejal Marcos Balzarelli para atraer empresas y acompañar la expansión de las que ya operan en el departamento, según el comunicado que informó la aprobación.
La iniciativa abarca proyectos industriales, logísticos, turísticos, tecnológicos y comerciales. El monto de la inversión y la cantidad de puestos de trabajo que cada empresa se comprometa a generar serán dos de los criterios para definir el porcentaje de las exenciones y su duración.
Uno de los beneficios se aplica al Derecho de Comercio e Industria. Para los proyectos considerados estratégicos, el municipio podrá firmar convenios que otorguen una exención de hasta el 100% durante cinco años y de hasta el 50% durante otros tres.
La iniciativa también prevé el denominado «costo municipal cero» para la etapa de construcción y habilitación. En ese período, los proyectos alcanzados podrán quedar exentos del 100% de los derechos de construcción, la visación de planos, las inspecciones de obra, las factibilidades, los certificados municipales y las tasas de habilitación, entre otros conceptos. El plazo máximo será de 36 meses, con una prórroga de hasta 12 meses en casos justificados.
Las empresas que contraten trabajadores a través de la Oficina de Empleo Municipal podrán acceder a incentivos adicionales. El esquema también contempla beneficios para los proyectos que se instalen en zonas prioritarias o acrediten prácticas de sustentabilidad ambiental.
Para tramitar los permisos, la ordenanza prevé una Ventanilla Única de Inversiones. Cada proyecto tendrá un expediente digital que reunirá los trámites y las autorizaciones municipales, con un gestor responsable de coordinar las áreas que intervengan.
El régimen contempla además créditos fiscales por hasta el 100% del valor aprobado de obras públicas que ejecuten los inversores. Podrán incluir calles, veredas, iluminación o redes de agua, cloacas y desagües, siempre que beneficien a la comunidad y tengan autorización municipal previa.
Para mantener los beneficios, las empresas deberán acreditar las inversiones realizadas y los puestos de trabajo generados. Si incumplen los compromisos asumidos, las exenciones podrán reducirse de manera proporcional. Ante faltas graves, el municipio podrá dar de baja los beneficios y reclamar el reintegro de los tributos que se habían eximido.
La propuesta prevé un registro público de beneficiarios, informes semestrales al Concejo Deliberante y evaluaciones del impacto económico y fiscal. Según explicó Balzarelli en el comunicado, el régimen tendrá una vigencia inicial de diez años y buscará articular los incentivos municipales con programas provinciales y nacionales.
